Los 29 países miembros de la Organización del Atlántico Norte (NATO en inglés) son Albania, Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, República Checa, Croacia, Dinamarca, Estados Unidos, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Montenegro, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania y Turquía. Todos países localizados al Norte del Trópico de Cáncer, tal y como lo establece el artículo 6 del Tratado suscrito en Washington (¡En Washington, cuándo no!) el 4 de abril de 1949. Desde hace setenta años la OTAN es un acuerdo que viene siendo marcado casi exclusivamente por lo que establece el artículo 5 de la carta fundacional: “Las Partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas, que tenga lugar en Europa o en América del Norte, será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas, y en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la Parte o Partes atacadas, adoptando seguidamente, de forma individual y de acuerdo con las otras Partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada…”

Socios latinos

Entonces, vale preguntarse: ¿qué valor tiene para los otros países situados al sur del Trópico de Cáncer las recientes expresiones en una entrevista del secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg; “Hasta 2017, la OTAN no tenía socios en América latina. El primero de los socios latinos fue Colombia. Por supuesto, es una posibilidad la opción de que también otros países de América latina se conviertan en socios, para lo que se entrega una plataforma, con un marco para una cooperación política y práctica”.

Bien entendido, esto significaría adquirir obligaciones de armarse, adecuadamente, armonizar estrategias. Y proveerse de armamento producido por los principales fabricantes y mercaderes de armas y todo otro pertrecho con fines bélicos.

Nuestro país, en 1991 (presidencia de Carlos Menem) se convirtió en “aliado extra OTAN”.

Se suponía que a partir de entonces nos “privilegiaban” a la hora de requerir financiamiento material bélico, sus repuestos y hasta de transferencia de tecnología, tanto de los EEUU como de los países del Tratado.

“Ingenuidad” política y pretensión de “ser parte, ¡nada menos que de la OTAN!”

Mercenaria de la ONU

Cuando el Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, ante la crisis en Libia, dictó su Resolución 1973, el 17 de marzo de 2011, disponía las medidas previstas en el Capítulo VII de la Carta (de las Naciones Unidas). Por ello pudo decidir crear una “zona de prohibición de vuelos”, la “protección de los civiles”, el “cumplimiento del embargo de armas”, y la “congelación de activos”. Además, en una resolución del mes anterior (Nº 1.970) disponía denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) la situación. La paradoja, en este aspecto, es que EEUU, miembro permanente del Consejo de Seguridad, al asumir Bush no sólo no ratificó su pertenencia al Protocolo de Roma (origen de la CPI), sino que borró la firma de Clinton que había comprometido a los EEUU. Con la misma “goma de borrar” de Trump.

Lo que hay que señalar, tajantemente, es que las acciones militares (bombardeos y otras) son llevadas a cabo “por comisión”. Las dicta la ONU y las ejecuta la OTAN. En ninguna parte del texto de la carta de la ONU ni en el de la OTAN se “legaliza” este tipo de acuerdo.

Como nada de eso ocurrió, con ninguno de los países que integran la OTAN, hay que concluir calificando el accionar de la OTAN como el de una fuerza mercenaria, y a la ONU degradada en la implementación de sus normas establecidas desde su fundación en 1945. Y el “derecho internacional” bastardeado en su interpretación y aplicación.